Aunque nadie quisiera que ocurriera, la intervención judicial es a veces un recurso necesario para resolver materias en temas de familia, especialmente cuando hay vulneración de derechos. Sin embargo, no es infrecuente que sea usada por padres y madres para resolver conflictos que surgen en la separación de la pareja y zanjar acuerdos que no han podido alcanzar a través de conversar, ceder y, por sobre todo, de poner en el centro las necesidades de sus hijos e hijas. Si bien casi siempre la dificultad para hacer esto se justifica en “el bien superior del niño”, los padres, atrapados en el conflicto post-conyugal, no ven o minimizan el costo que tiene no resolver “entre ellos” y delegar esa responsabilidad en el sistema judicial y, en último término, en el Estado.
Para reflexionar acerca de los costos de la judicialización en los niños, es necesario hacer una distinción fundamental entre la intervención judicial como legítimo ejercicio de derecho, cuando estos no son respetados, y la judicialización del conflicto, en este caso del conflicto post-conyugal, que corresponde a la escenificación de un conflicto emocional en sucesivas contiendas judiciales. Es esta última situación la que se hace imprescindible evitar, pues el costo que tiene para todos los involucrados, especialmente para los hijos, en nombre de quienes se inicia y sostiene la contienda, es demasiado alto.
Todas las acepciones de “Judicialización” aluden al hecho de recurrir a la justicia para resolver asuntos no estrictamente judiciales. A llevar por vía judicial un asunto que podría conducirse por otra vía, generalmente política, o a resolver disputas no estrictamente judiciales, recurriendo a decisiones de la justicia.
¿Por qué un juez tendría que resolver cuánto y cuándo los hijos e hijas compartirán con cada uno de sus padres, o dónde y con quién vivirán?, o ¿en qué colegio estudiarán, o con quién pasarán las vacaciones? ¿Por qué el dolor de la separación de una pareja tiene que impedir que como padres sigan cumpliendo sus funciones afectivas, socializantes, normativas y/o materiales? Lo natural es que padres y madres puedan, aunque tome tiempo y trabajo psíquico, separar sus dolores de pareja de sus responsabilidades como padres. Cuando no lo logran, la parentalidad se ve interferida, pues las emociones del desamor, de la traición, o del abandono tiñen la relación, los acuerdos se hacen esquivos y los hijos e hijas sufren las consecuencias del alto y sostenido nivel de estrés que eso conlleva.
Evitar la judicialización de la separación y el divorcio siempre es bueno y necesario para hijos e hijas. Mientras más dure en el tiempo y mientras más involucrados estén en ella, (siempre lo están de algún modo), mayor será el costo emocional que pagarán en el mediano y largo plazo. Esto es importante, pues como los costos no son inmediatos, los padres pueden no verlos y, por tanto, tienen menos elementos para detenerse y hacer algo diferente.
La judicialización del conflicto post-conyugal puede llevar a que hijos e hijas sean “testigos” en el tribunal de un padre o madre que ya no son tales, sino “partes” de un litigio que apenas alcanzan a comprender y que inevitablemente los acerca a una suerte de orfandad paterna o materna, porque después de atestiguar, dificilmente podrán recuperar a ese padre o madre a quien acusaron. Ni las audiencias reservadas, que contempla la legislación actual, están exentas del impacto emocional en los niños/as porque se hace en una sala diferente a la del tribunal, o porque se conduce de manera “lúdica”, o porque solo está el consejero técnico y el o la jueza con ellos. Suponer que eso elimina el impacto emocional es un error, pues de cualquier forma los niños y niñas saben que lo que digan será usado “en contra” de su padre o madre. ¿Cómo el aparato psíquico aún en formación integra esos actos de un modo que no sean vividos como deslealtad, traición o con la sensación de responsabilidad respecto de las consecuencias que esto tenga en el presente y en el futuro de ese padre o madre?
Esa “parte” (padre o madre) contra la que se atestigua es también parte de cada una de las células de ese hijo o hija.. ¿cómo sale indemne un hijo de ese acto?.
Aunque un hijo o hija no pise nunca un tribunal, en las separaciones destructivas es testigo de la disputa entre sus padres. Frecuentemente son interrogados por ellos para requerir información que les permita recoger “pruebas” para los jucios. Los hijos se convierten en espías, mensajeros, informantes e incluso “armas” de ataque contra su padre o madre. Mientras más pequeños sean los hijos, más se compromete su capacidad y modo de establecer vínculos y resolver conflictos para el futuro. Los niños aprenden lo que ven. Las palabras son posteriores a los actos y las personas que constituyen modelos vinculares para ellos están en guerra. ¿Qué se aprende en la guerra?. Que hay buenos y malos, que se está de un lado u otro, que si uno gana, el otro pierde, que las víctimas civiles y los daños colaterales son inevitables en el conflicto, que aunque no entiendan de qué se trata y qué la motivó, deben pelear. Que si te dan ganas de salirte del medio o retirarte, eres desertor y, por tanto, traidor y merecedor de castigo. Estas son las leyes de la guerra y los aprendizajes para la vida de estos niños y niñas, que nunca eligieron estar ahí.
Pero los costos de la judicialización no son solo para los hijos/as. Los padres también se ven afectados: La judicialización profundiza sus diferencias, refuerza sus posiciones como antagonistas, estimula una relación de competencia en la que hay ganadores y perdedores, reduce las posibilidades de percepción del otro como victimario y la de sí mismo como víctima. Así, se impide progresivamente la colaboración, la coordinación y el respeto en las tareas parentales.
Cada uno de los padres, individualmente, debe también pagar un alto costo por la judicialización del conflicto post-separación. Vivir en función de juicios y demandas impacta todas las esferas de la vida. Partiendo por la económica, que probablemente es la más obvia y la percibida con mayor nitidez por ellos. Pero, ¿cómo se vive una vida en que cada decisión de la cotidianeidad puede ser una “prueba” en un tribunal?.. comprar ropa, hacer un viaje, demorarse más en el trabajo o cualquier otro acto cotidiano que en medio de la disputa puede significar “algo” que demuestre incapacidad parental. Cómo se vive con las restricciones a la libertad para no ser acusado de ser mala madre o mal padre ante el juez. Cómo se vive cuando todo puede ser usado en tu contra. No hay salud mental que resista vivir de ese modo por largo tiempo. Más aún, los costos pueden traspasar la situación entre los padres en conflicto post-separación, pues construir nuevas relaciones de pareja es un desafío muy complejo, pues este tipo de separaciones afecta las posibilidades de éxito de las nuevas relaciones, que quedan saturadas por el conflicto derivado de la separación destructiva previa.
Mirar profundamente los costos de no resolver los temas de la separación ENTRE los padres debería ser un estímulo para buscar caminos de entendimiento y hacerse cargo de esta responsabilidad, si realmente quieren poner el bien superior de sus hijos e hijas por delante.
Evitar la judicialización cuando la pareja se separa implica:
- Que padre y madre sean protagonistas y responsables en la búsqueda de acuerdos respecto de los temas que implican directa e indirectamente a sus hijos e hijas.
- Que agoten absolutamente todas las instancias extrajudiciales para resolver las diferencias que tienen respecto de cualquier tema vinculado a la separación, pues todas ellas repercuten en los hijos.
- Que busquen apoyo especializado si se entrampan y no logran avanzar en los acuerdos necesarios para resguardar el bienestar de sus hijos o la coparentalidad -acción conjunta y coordinada de los padres- se les hace muy difícil.
- Que si ninguno de los caminos anteriores resulta, busquen y reciban ayuda legal -como padres- para llegar a acuerdos en pos del bienestar de sus hijos. Apoyo legal no litigante, que les permita resolver y acordar de modo que todos ganen, especialmente sus hijos.
Tenemos el desafío de promover que la resolución de conflictos sea al interior de las familias y apoyar a los padres a que terminen su relación de pareja de modo que protejan a sus hijos e hijas en este doloroso proceso. Que el recurso judicial sea usado para otorgar un marco y soporte legal a la transformación de la organización familiar post-separación, que promueva el compromiso y el cumplimiento del acuerdo de los padres, teniendo en consideración en primer lugar las necesidades de los hijos y, por último, que las prácticas legales litigiosas se remitan solo a aquellos casos en que hay vulneración de derechos, comisión de delitos o ninguna de las alternativas colaborativas hayan dado resultados previamente. Nunca como estrategia de resolución de conflictos emocionales , pues esto devirtúa la naturaleza de las familias y de lo judicial.
Ps. Claudia Cáceres P.
COOPERATI
Prácticas colaborativas en Separaciones y Divorcios.